La comunicación oficial de la DGII detalla que ambos negocios violaron disposiciones de la ley 11-92 al no registrarse como contribuyentes y no cumplir con las obligaciones fiscales. Estos comercios, según informes, tienen una larga trayectoria en la zona, empleando tanto a dominicanos como haitianos.
A pesar de la proliferación de negocios chinos en la zona, los propietarios se han mostrado reacios a discutir públicamente el tema de la fiscalización. Las autoridades revelaron que varios de estos comercios realizaron transacciones bancarias por un total de aproximadamente 4,000 millones de pesos, ocultando información financiera relevante a la DGII.